(Expresión) El Poder Ejecutivo aprobó varios decretos anticorrupción, entre ellos la ampliación de la muerte civil orientada a garantizar que las personas sentenciadas por corrupción no trabajen en el Estado, informó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello.

Comentó que a través de “la muerte civil” se instauró la figura de la inhabilitación perpetua, sin embargo, había una preocupación por la situación de funcionarios corruptos que laboran en el Estado en la actualidad.

“Hemos corregido esta norma con una medida administrativa laboral para que no puedan trabajar en el Estado personas sentenciadas por delitos de corrupción, para que las puedan despedir, aunque el hecho se haya cometido hace cinco años”, declaró en conferencia de prensa luego de culminar la sesión del Consejo de Ministros extraordinaria.

La ministra Pérez Tello, asimismo, informó que el Poder Ejecutivo aprobó un paquete de medidas vinculadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en aras de perseguir y combatir el delito de lavado de activos. “Vamos a perseguir este delito de manera efectiva”, enfatizó.

En el tema de persecución y sanción a delincuentes, la funcionaria indicó que el Consejo de Ministros impuso tipos penales más exactos para una investigación más adecuada de jueces y fiscales. Además, amplió los plazos de la investigación preliminar hasta 10 días y de prisión preventiva hasta 18 meses, con el objetivo de evitar la liberación indebida.

La funcionaria agregó que se mejoraron los sistemas de colaboración eficaz permitiendo que, incluso, personas privadas de la libertad puedan acogerse a dicha figura. También, añadió, se brindó facilidades a la fiscalía para que puedan realizar investigaciones con agentes encubiertos.

También se aprobó la Ley de Procedimiento Administrativo con reglas predecibles a efectos de reducir los espacios para las coimas y se eliminó el silencio administrativo negativo. (Fuente: Andina)