(Expresión) La Defensoría del Pueblo cuestionó el proyecto de ley de la bancada de Fuerza Popular (FP), en el cual plantea que los investigados por presuntos delitos de corrupción no puedan trabajar como directores de medios de comunicación.

Dijo que si bien implementación de políticas públicas eficaces para erradicar la corrupción es un deber irrenunciable del Estado, la mencionada iniciativa no contribuye con ese propósito.

“Más bien colisiona directamente con derechos y libertades reconocidas en la Constitución, tales como la libertad de expresión, el derecho a la presunción de inocencia”, precisó a través de un comunicado.

Recordó que conforme a la Constitución y a lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y que en virtud de ella, el Estado solo puede restringir los derechos de una persona procesada en lo que sea estrictamente necesario para llevar adelante una investigación.

“Por ello, imponer un impedimento para ser propietario o dirigir un medio de prensa por el hecho de ser investigado por un delito, contraviene nuestra Carta Magna”, anotó.

Indicó que si se aprueba esa iniciativa, podría servir como herramienta de coacción y presión contra los propietarios de medios de comunicación, quienes por el solo hecho de ser denunciados serían impedidos de ejercer la titularidad o la dirección de dicho medio.

Añadió que el proyecto de ley no ha ponderado que la Constitución reconoce que la libertad de expresión comprende no solo la difusión de ideas u opiniones, sino también el derecho a fundar un medio de comunicación.

“En esta línea, también se afecta la libertad de expresión cuando se restringe la posibilidad de que cualquier persona pueda ser propietario o dirigir un medio periodístico”, aseveró.

El proyecto de la bancada de FP plantea prohibir que las personas que estén investigadas o condenadas por delitos de corrupción sean propietarias de un medio de comunicación u ocupen cualquier cargo directivo que les permita incidir en la línea editorial.

Asimismo, propone la creación de una veeduría ciudadana para garantizar que los medios de prensa brinden información neutral y desinteresada, facultando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a implementar medidas para alcanzar dicho objetivo.

En relación con la “veeduría ciudadana”, la Defensoría consideró que su implementación en los términos propuestos, esto es, bajo el control o supervisión del Ejecutivo, implicaría un claro riesgo de control indirecto sobre los contenidos que difunden los medios de comunicación.

(Fuente: Andina) .